Teniente General iraquí Abdolhossein Shemmari. Fuente: PMOI

Tal como lo informa ABC.es, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a otros dos militares iraquíes y a dos miembros de su Gobierno por un ataque militar al campo de refugiados iraníes de Ashraf el 28 de julio de 2009 -en el que murieron 11 personas- y los ha citado a declarar el próximo 31 de mayo.

Aleksander Łukaszenko 2008-04-29 Fot. SERGEI GRITS ASSOCIATED PRESS

Hago eco de una noticia de ABC.es aparecida hoy:

Hissène Habré vit au Sénégal depuis sa chute en 1990.© Christophe Chauvin. Fuente: Jeune Afrique

El presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, ya no quiere que el ex dictador de Chad, Hissène Habré sea juzgado en Dakar y devolverá el expediente a la Unión Africana.

En un artículo publicado por el diario The Wall Street Journal, el ex subsecretario de Defensa de EE.UU. y querellado en España por cargos de tortura entre otros crímenes internacionales, Douglas Feith, afirmó que “España no tiene derecho a juzgar a ex funcionarios del gobierno de Estados Unidos” por supuestos abusos de derechos humanos en la prisión militar estadounidense de Guantánamo (Cuba).

Como traduce InformativosTelecinco.com, Feith señala entre otras cosas lo siguiente:

“No se alega que alguno de nosotros haya torturado a alguien”, “tampoco es que alguno de nosotros siquiera haya indicado a alguien que cometiera torturas”. “Lo que se alega es que, cuando asesoramos al presidente George W. Bush acerca de las Convenciones de Ginebra y el interrogatorio de detenidos, nuestras interpretaciones fueron equivocadas, de acuerdo con la opinión de los españoles discrepantes”. Agrega que “el magistrado español, aparentemente, cree que puede ser un crimen que los funcionarios estadounidenses den un asesoramiento equivocado a un presidente de Estados Unidos y que, además, puede ser un crimen punible por parte de un tribunal español”.

Feith concluye indicando que “éste no es un asunto político de izquierdas contra derechas. De lo que se trata es de la preservación del sistema constitucional de gobierno estadounidense, en el cual los funcionarios de EEUU son responsables por sus opiniones ante la ciudadanía de EEUU, no ante tribunales extranjeros”.

Por mi parte podría hacer algunas observaciones refutando varias de las cosas que afirma Feith, pero mejor que lo haga un experto no? Hallé este video de un Programa de la Universidad de Berkeley (Canal en YouTube de esta universidad), el Programa se llama Conversations With History, y en este episodio entrevisan a Phillipe Sands, profesor de la University College London, quien publico a principios del 2008 el libro Torture Team: Rumsfeld’s Memo and the Betrayal of American Values, en esta entrevista, a partir del minuto 0:41:35 se habla de este equipo de abogados y el trabajo que hicieron que resultó en las torturas que ya conocemos; escuchar en específico alrededor del minuto 44:24 en el que Sands señala que estos abogados cruzaron la línea que separa un trabajo no profesional (me permito resaltar vulnerando principio de ética) de un acto que genera una responsabilidad penal. Ver: http://universaljurisdiction.netau.net/?p=40

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Prefiero poner esta noticia en post aparte porque sino el Caso Israel va quedar enorme.

Fiscal Pedro Martínez Fuente: El País

Luego que el 29 de enero de este año el Juez de instrucción Fernando Andreu admitiera a trámite una demanda por crímenes contra la humanidad contra el ex ministro israelí de Defensa, Benjamin Ben Eliezer, y otros seis altos responsables militares israelíes; la fiscalía española pidió el “archivo provisional” de la demanda por crímenes contra la humanidad contra presuntos responsables israelíes de un bombardeo sobre Gaza, que en 2002 causó 15 muertos, y justificó su demanda en que ya está abierta una causa en Israel. La justicia española reconoce la jurisdicción universal para investigar genocidios y crímenes contra la humanidad, aún si fueron cometidos en el extranjero, pero siempre que éstos no sean o hayan sido objeto de un procedimiento judicial en su país.

A decir de La Rioja.com, el Fiscal Pedro Martínez da por cierto que la justicia israelí investiga los hechos. Mediante comisión rogatoria, las autoridades del país hebreo informaron de la existencia de tres investigaciones:

    una realizada por el fiscal general militar judío,
    otra por el fiscal general del Estado de Israel y
    una tercera revisión judicial por el Tribunal Supremo de aquel país.

Las dos pesquisas fiscales concluyeron que el uso de una bomba de una tonelada en una zona residencial de densa población respetó «los principios de distinción y proporcionalidad», criterio que se encuentra pendiente de revisión por el Supremo, que encargó una investigación. Reseñamos en la actualización de este post (30/03/2009), el cierre de la investigación de parte del Fiscal General Militar en tiempo récord, sólo 11 días.

En un escrito de 48 páginas el Ministerio Público considera que España no puede actuar como “una tercera instancia penal”, informaron fuentes fiscales. Según AFP, la fiscalía subrayó que piden el “archivo provisional de la causa sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer ante la Corte Penal internacional (CPI)” y “dejar sin efecto la competencia para el conocimiento de los hechos debido al carácter preferente de la jurisdicción del Estado donde se han cometido los hechos”. Es un compromiso “común de todos los Estados la persecución de tan atroces crímenes por afectar a la comunidad internacional, una elemental razonabilidad procesal y politico-criminal ha de otorgar prioridad a la jurisdicción del Estado donde el delito fue cometido”, argumentó.

Señala El País que el abogado Gonzalo Boyé, al tener conocimiento de la postura de la Fiscalía, señaló que esta “avala resoluciones del Tribunal Supremo de Israel que justifican la política de asesinatos selectivos y reniega de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional español en el caso del genocidio de Guatemala”; también anunció que su equipo contestará “en debida forma a cada argumento de Israel o de la Fiscalía española” y que ampliará la querella “hasta donde haga falta porque los muertos en Palestina se cuentan por millares”.

Como señalamos en anterior post, la ex jefe de la diplomacia israelí, Tzipi Livni, dijo a finales de enero haber recibido indicaciones de que el Gobierno español había “decidido lo antes posible” flexibilizar la ley española sobre la justicia universal “para impedir otros procesos de este tipo, incluso contra Israel”.

El pasado 17 de marzo un equipo jurídico español presentó una querella contra los abogados de la Casa Blanca y el Pentágono que diseñaron el soporte jurídico del nada célebre Centro de reclusión en Guantánamo. El 28 de marzo pasado, el Juez Baltasar Garzón decidió dar traslado al fiscal de la Audiencia Nacional para que informe si se debe admitir la querella criminal e iniciarse una investigación.

Antecedentes

Douglas Feith

La querella hace referencia al caso que el juez Baltasar Garzón archivó en marzo de 2008, por el que desechaba el pedido de extradición al Reino Unido de Jamil el-Banna (45) y Omar Deghayes (38) acusados por su supuesta membresía de la célula española de al-Qaeda. Garzón en esa ocasión basó su decisión en los reportes médicos de las autoridades británicas quienes diagnosticaron a los ex prisioneros una grave condición médica a causa de tortura y condiciones de reclusión que habían sufrido durante 5 años mientras se encontraban en Guantánamo. También se hace mención de otros prisioneros de Guantánamo que fueron procesados en España y absueltos (Hamed Abderraman y Lahcen Ikassrien) a causa de la invalidez de la prueba obtenida sin garantías legales y de todas las pruebas derivadas de la misma. Otro de los mencionados, Abderraman, si tuvo una sentencia condenatoria en primera instancia, sin embargo, en 2006 el Tribunal Supremo anuló aquella sentencia y decretó su absolución e inmediata puesta en libertad. El Supremo consideró nulas todas las pruebas que se habían presentado contra él, excepto su declaración en el juicio, única que se había realizado respetando los derechos del acusado. (Para un análisis jurídico un poco más detallado de estos casos ver el artículo de Alicia Gil en El País a propósito del cierre de Guantánamo y de los problemas en el procesamiento de los prisioneros en caso de su envío a otros países).

Por tanto, la querella se dirige al juzgado que conoció de estos hechos, y los relaciona con los denunciados en el sentido de que España puede investigarlos porque los prisioneros retenidos en la prisión de Guantánamo sufrieron las consecuencias del plan elaborado por los juristas estadounidenses. Garzón ha pedido a la fiscalía que se pronuncie, y ésta tendrá que opinar sobre si la nueva querella va a ser tramitada en relación con los casos ya señalados en la medida en que habría que enjuiciar a los responsables de las torturas; o ir por la otra opción, que sería admitirla a trámite como una causa independiente.

William J. Haynes

En anterior ocasión algunas ONGs como el Center for Constitutional Rights (CCR), el International Federation for Human Rights (FIDH), y el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) han interpuesto denuncias penales en Alemania y Francia alegando como base normas en esos países que permiten la jurisdicción universal, principalmente por tortura de los prisioneros en Irak, Afganistán, Guantánamo e incluso en otras prisiones secretas. Sin embargo los esfuerzos no prosperaron en estos otros países, a causa de interpretaciones más restrictivas de la jurisdicción universal y porque los denunciados pertenecían a las más altas esferas del gobierno norteamericano y aún permanecían en puestos gubernamentales. En este caso, los querellados son ex funcionarios de rangos menores, sin embargo, la propia querella señala que denuncia los hechos respecto a los seis abogados “sin perjuicio de las personas que posteriormente, y avanzada la investigación, puedan aparecer también como responsables de los hechos aquí expuestos”, lo que deja espacio para que dirigentes de más rango puedan incluirse si la causa finalmente se aceptara a trámite.

Los querellantes

David Addington

Los querellados

En el texto de la querella se describe cómo los seis abogados de ese equipo “participaron en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento del andamiaje jurídico de Guantánamo. Lo que significó dar cobertura a las torturas o privar a los detenidos de los sentidos de la vista o el oído hasta que confesaran”. Estos juristas elaboraron por escrito toda la doctrina que argumentaba que las normas internacionales del trato a los prisioneros debían suspenderse como consecuencia de la excepcionalidad de la “guerra contra el terror” emprendida tras el 11-S.

Jay S. Bybee y John Yoo

Los querellados, miembros del llamado “Comité de Guerra”, son:

    Alberto Gonzales, Consejero del Presidente George W. Bush, en la Casa Blanca y posteriormente fiscal general;
    David Addington, Consejero General del Vicepresidente Dick Cheney en la Casa Blanca;
    William J. Haynes, Consejero General de la Oficina del Secretario de Defensa en el Departamento de Defensa, que dirigía Donald Rumsfeld;
    Douglas Feith, Sub Secretario de Defensa para Asuntos Legales en el Departamento de Defensa;
    Jay S. Bybee, Asistente del Fiscal General, como Jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia; y
    John Yoo, Segundo Asistente del Fiscal General de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia.

Los fundamentos de la querella

Alberto Gonzales, Consejero del Pdte. George W. Bush

La competencia de los tribunales españoles

1. ¿Estados Unidos puede permitir o no la persecución de los seis querellados?

   Desde un punto de vista del Derecho internacional no hay posibilidad que en este caso EEUU no permita el procesamiento de sus nacionales en España, puesto que se trata de la sanción de crímenes internacionales; no se está procesando a ningún ex Jefe de Estado ni otro funcionario con inmunidad como para que puedan oponerse al ejercicio de la jurisdicción universal otras normas de Derecho Internacional; los medios probatorios son abundantes e incluyen admisiones de parte de los propios querellados de los delitos; España, ya tiene antecedentes y experiencia en investigación penal de casos sobre la base de la Jurisdicción Universal e incluso una condena (la de Scilingo).

2. ¿La querella aduce la jurisdicción española sobre la base del principio de personalidad pasiva? ¿Se necesitan vínculos se conexión para el ejercicio de la jurisdicción universal en España?

   La querella se basa en el principio de jurisdicción universal. No es requisito para el ejercicio de la jurisdicción universal en España la “conexión con intereses nacionales”, ya que en este país funciona la llamada Jurisdicción Universal absoluta. Se entiende que la querella lo toma como tal debido a que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ya se han pronunciado en sus anteriores resoluciones a que el ejercicio de la jurisdicción universal requiere la presencia de determinados vínculos de conexión con el ámbito jurisdiccional e intereses nacionales españoles (p.e. nacionalidad de la víctima o el procesado), según estos órganos jurisdiccionales porque se busca evitar un abuso a la hora de acudir a las instancias judiciales españolas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional español ya ha interpretando el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, en sendas resoluciones (Sentencia Caso Guatemala, Sentencia Caso Falun Gong), señalando que la aplicación del principio de jurisdicción universal no exige ninguna condición previa, más allá del efecto de cosa juzgada. Respecto a esto último podemos hacernos otra pregunta:

3. ¿Puede el Fiscal opinar sobre la improcedencia de la querella sobre la base de que existe otro país (en este caso EEUU) con mayor interés en el procesamiento de estos hechos?

   Bajo una interpretación estricta de la norma española, no. Cuando no existe investigación ni proceso alguno en curso sobre los hechos punibles descritos, no puede señalarse que hay cosa juzgada, que es lo que señala la norma como impedimento para el ejercicio de jurisdicción. En este caso los encausados no han sido absueltos, indultados o penados en el extranjero. En este sentido y para una delimitación armoniosa de la institución, el TC español se pronuncia respecto al principio de subsidiariedad, y se muestra más de acuerdo con la aplicación del principio de no necesidad de intervención cuando está actuando la jurisdicción territorial. Sin embargo, precisa señalar, contrario al Tribunal Supremo, que esto no faculta para exigir la acreditación plena de la inactividad de dicha jurisdicción territorial para admitir la querella, sino la aportación de indicios razonables de que los crímenes denunciados no han sido hasta la fecha perseguidos de modo efectivo, lo que se desprende en este caso de la documentación aportada. Esto último es lo que ha argumentado el dictamen Fiscal en el caso Gaza 2002 que comentaremos en el siguiente post.

4. ¿Cuál es el requisito para el procesamiento efectivo de los querellados?

   Otro tema importante respecto a la delimitación de la figura de la jurisdicción universal en España, es el tema de la posibilidad de procesamiento de los querellados y el ejercicio de la jurisdicción, respecto a esto en la Sentencia del Caso Guatemala, el TC español señala claramente:

“Sin lugar a dudas la presencia del presunto autor en el territorio español es un requisito insoslayable para el enjuiciamiento y eventual condena, dada la inexistencia de los juicios in absentia en nuestra legislación (exceptuando supuestos no relevantes en el caso). Debido a ello institutos jurídicos como la extradición constituyen piezas fundamentales para una efectiva consecución de la finalidad de la jurisdicción universal: la persecución y sanción de crímenes que, por sus características, afectan a toda la comunidad internacional. Pero tal conclusión no puede llevar a erigir esa circunstancia en requisito sine qua non para el ejercicio de la competencia judicial y la apertura del proceso, máxime cuando de así proceder se sometería el acceso a la jurisdicción universal a una restricción de hondo calado no contemplada en la ley; restricción que, por lo demás, resultaría contradictoria con el fundamento y los fines inherentes a la institución.” (Fundamento jurídico 7, párr. 4)

Sobre el análisis de las posibles acciones punibles y los medios probatorios aportados por la querella discutiremos en otro post.

Otras fuentes: http://www.galiciae.com/nova/27976.html, http://www.adn.es/sociedad/20090331/NWS-2676-EEUU-Guantanamo-responsables-juridicos-querella.html

Local de la Corte de Distrito de La Haya Fuente: www.rechtspraak.nl

El lunes 23 de marzo pasado el Tribunal de Distrito de La Haya condenó al hutu ruandés Joseph Mpambara, de 40 años, por el crimen de tortura sucedido durante el genocidio en Ruanda en 1994. Fue condenado a 20 años de prisión por dos cargos de tortura y absuelto de otros tres cargos: violación, tomar parte en un asesinato masivo en una iglesia, y por la desaparición de tres niños.

Hechos

Nacido en 1968, Joseph Mpambara es el hermano de Obed Ruzindana, un importante empresario condenado a 25 años de prisión por la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR) en 2001 por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

El 7 de agosto de 2006, Joseph Mpambara fue detenido por las autoridades holandesas a raíz de una orden de detención emitida por el genocidio de Ruanda en virtud del principio de jurisdicción universal. Su detención se realizó después de una investigación de rutina por el servicio de inmigración. Había solicitado asilo en 1998.

Mpambara es miembro de la mayoría hutu. Presuntamente era miembro de la Interahamwe, una milicia del partido del Estado, el Movimiento Republicano Nacional para la Democracia y el Desarrollo (MRND). Bajo esta membresía, es sospechoso de haber participado en la masacre de tutsis durante el genocidio de 1994 en Ruanda. Un estimado de 800.000 minoría Tutsi y Hutus moderados fueron asesinados durante el genocidio en Ruanda.

Proceso

La fiscalía había querido enjuiciar Joseph Mpambara en virtud de la nueva ley sobre crímenes internacionales, que permite el enjuiciamiento ante los tribunales holandeses de los extranjeros que son sospechosos de haber participado en genocidio en el extranjero. Por esta razón la Fiscalía imputó todos los hechos sobre la base de la investigación de Genocidio.

Pero el 24 de julio de 2007, el tribunal holandés dictaminó que la ley sobre los crímenes internacionales no se aplican en el caso de Joseph Mpambara, por tanto no podía abrirse proceso por genocidio. La ley entró en vigor en 2003, nueve años después de los hechos, y por tanto no podía aplicarse retroactivamente.

En apelación, el 17 de diciembre de 2007, el Tribunal de La Haya llegó a la misma conclusión, en parte por otros motivos.

Contra la decisión del tribunal el Fiscal y el acusado interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que decidió también en el mismo sentido el 21 de octubre de 2008, analizando entre otras cosas la competencia del tribunal teniendo como base que no puede establecerse jurisdicción sobre Genocidio de parte de Holanda ya que la Convención sólo contempla el país en donde éste se cometió o un Tribunal internacional.

El fiscal decidió retirar los cargos de genocidio y acusar por crímenes de guerra y tortura sobre la base de las leyes existentes.

Prueba en casos complejos

A pensar del Fiscal, en lo que respectaba a la condena, era indiferente que el sujeto sea declarado culpable de genocidio o de crímenes de guerra, la idea era que lo sea por alguno de estos. Sin embargo, como veremos más adelante, el Tribunal no consideró que hubiera prueba suficiente para establecer responsabilidad por crímenes de guerra.

La causa de la falta de prueba suficiente sucede en casos complejos como este en el que los testigos no identificaron Mpambara por su nombre, o había un solo testigo, por tanto su culpabilidad no se podía establecer fuera de toda duda. Los hechos bajo discusión sucedieron hace quince años, los testigos se han dispersado por todo el mundo en calidad de refugiados, están traumatizados, e incluso si la parte acusadora logra recoger los testimonios tiene que ser prudente a la hora de usarlos.

Sentencia

Fundamentos de hecho

La condena se refiere a dos hechos: La tortura de dos mujeres tutsi y sus hijos quienes huían del genocidio, ellos fueron asesinados con machetes a instancias del condenado. Por falta de pruebas el demandado fue absuelto por su participación en otros cinco delitos.

Crímenes cometidos contra personas a bordo de una ambulancia

El 13 de Abril de 1994 o alrededor de esa fecha el acusado fue obligado, junto con otras personas, detuvieron una ambulancia conducida por un hutu y dos mujeres tutsis iban en la ambulacia con sus hijos pequeños, entre ellos una niña de 12 años, huyendo del genocidio. Los atacantes los insultaron e hicieron bajar de la ambulacia para a continuación golpear con machetes y palos a las mujeres y niños, el conductor y la niña de 12 años sobrevivieron por ayuda de algunos; el Tribunal basó esta condena en base al testimonio de los dos sobrevivientes.

Crímenes cometidos contra la familia C

El 27 de abril de 1994 el acusado y otros detuvieron a una señora y su esposo e hijo de pocos meses de edad, les mostraron sus armas y los amenazaron de muerte. El Tribunal baso su condena en los testimonios de los esposos y en una carta escrita por el acusado préguntandole al alcalde del municipio qué hacer con los detenidos.

Absoluciones

Joseph Mpambara fue acusado también de atacar y asesinar a hutus que habían huido hacia un complejo de Adventistas del Sétimo Día; supuestamente habría disparado contra los refugiados, realizó ataques con machetes y supuestamente arrojó gases lacrimógenos en los edificios donde se escondían los tutsis. El tribunal señaló que no hay duda de que este ataque se produjo, sin embargo se corroboraron los testimonios de cinco testigos que sindicaban al acusado como participante en los ataques, con las investigaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y encontraron que no se hallaba el nombre del acusado como participante o líder del ataque.

Asimismo el acusado supuestamente había participado en tres ocasiones, y junto con otras personas, de violaciones y asesinatos de mujeres; pero el Tribunal lo absolvió por no haber ningún testigo ni otra prueba suficiente.

Finalmente se le acusaba de haber eliminado a tres niños escondidos en casa de sus abuelos; sin embargo el Tribunal también lo absolvió por este caso al haber un sólo testigo (el abuelo) y porque los demás testigos que conocían el hecho por intermedio del único testigo.

Respecto a los crímenes de guerra

El Tribunal reconoció la interacción entre la simultaneidad del genocidio y la guerra entre el Ejército del Gobierno de Ruanda y el Ejército del FPR (Frente Patriótico Ruandés) compuesto principalmente de tutsis. Sin embargo el Tribunal señaló que el Ministerio Público no tenía pruebas necesarias suficientes para establecer la relación estrecha necesaria (nexo) entre los crímenes cometidos por el acusado y el conflicto armado.

Como no hubo pruebas suficientes para vincular directamente los crímenes de Joseph Mpambara al contexto más amplio del genocidio de Ruanda, los crímenes cometidos por el acusado fueron considerados como tortura. En su fallo el Tribunal determinó que las atrocidades cometidas por la persona objeto de investigación habían sido causados por años de propaganda del régimen extremista hutu, que describía a los tutsis como enemigos y que llamaba a la población hutu a matarlos.

Respecto a los años de condena

La tortura con resultado de muerte se sanciona con cadena perpetua o pena privativa de libertad temporal de 20 años. En este caso se trata sin duda de hechos muy graves.

Sin embargo el Tribunal decidió no imponer la cadena perpetua en este caso, teniendo como base las anteriores decisiones dictadas por el Tribunal para Ruanda (que en general reserva esta pena para los dirigentes político militares del genocidio) y los Tribunales de Bélgica y Suiza. El Tribunal consideró también que en virtud de la política actual de la cadena perpetua no hay perspectiva real de un retorno a la sociedad y que es adecuado imponer una pena de cadena perpetua solo en casos excepcionales.

La Corte considera que a diferencia de la gran mayoría de casos sobre los que se impone cadena perpetua en los Países Bajos, no puede imaginarse que esta persona en caso de revisión y reingreso a la sociedad cometería nuevamente otros crímenes graves.

Reacción

El Ministerio Público no descarta un recurso de casación de la sentencia, ya que Joseph Mpambara no fue condeando por crímenes de guerra como el fiscal había esperado y más bien fue absuelto hasta por cinco cargos.

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