El European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) (Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos) junto con la organización de derechos humanos colombiana CAJAR y la central sindical colombiana CUT ha presentado una comunicación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya solicitando su actuación frente a la violencia ejercida contra los sindicalistas en tanto que defensores de derechos humanos en Colombia.

Luego de haber revisado la comunicación, veo que esta precisa que casi 3.000 sindicalistas han sido asesinados, sólo desde 2002, fecha en que Colombia aceptó la competencia de la CPI,  han matado a 775, y muchos más han sido intimidados, amenazados y acosados en Colombia en las últimas tres décadas, por lo que el nivel de violencia habría alcanzado el umbral de los crímenes de lesa humanidad según dichas organizaciones, y por lo tanto se sitúa bajo la jurisdicción de la Corte, ya que estos crímenes no están siendo suficientemente investigados en Colombia. En la comunicación se presentan 05 casos, de los cuales dos han sido escogidos por haber sido perpetrados por paramilitares (Luciano Romero y Maria Lucero Henao), mientras que en los restantes tres casos los actos fueron atribuidos a las fuerzas armadas (Arauca y Alejandro Uribe) o a las fuerzas policiales (Guillermo Rivera).

De acuerdo a los argumentos legales de la comunicación, existe una base razonable para creer que desde el 01 de noviembre de 2002 los crímenes contra la humanidad han sido cometidos contra sindicalistas como parte de los ataques sistemáticos contra los defensores de los derechos humanos en Colombia. Los casos presentados reunen todos los elmentos requeridos por el artículo 7(1) del Estatuto de la CPI, ya que los crímenes cometidos pueden ser descritos como parte de un ataque sistemático y generalizado dirigido contra la población civil. El elemento de una política de Estado para cometer tales ataques puede ser inferido de las políticas nacionales y  las doctrinas contrainsurgentes dirigidas contra sindicales como si fueran “guerrilleros” y por lo tanto, enemigos del Estado. Esta estigmatización y descrédito público del sindicalismo se combina con la colaboración de agentes del Estado con grupos armados ilegales en varios de los casos. El ataque puede, además, ser descrito como un ataque sistemático, ya que se puede descartar firmemente que la violencia antisindical en Colombia se produjo al azar.

Finalmente la comunicación indica que los que califican como los responsables con arreglo a los criterios del Estatuto de la CPI – comandantes paramilitares, altos funcionarios del gobierno, así como los comandantes militares y de policía a cargo de la última década -, deben ser investigado por su responsabilidad penal individual sobre estos crímenes.

La comunicación (en inglés) está disponible bajo petición y además se puede descargar otra información relevante aquí.

El diario inglés The Telegraph hace eco de lo señalado por el fiscal jefe de Turquía, que indica estar preparando presentar una acusación formal en contra de los ex jefes de inteligencia militar de Israel, de la Fuerza Armada y de la Unidad de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Se acusará a los cuatro altos funcionarios militares israelíes ser responsables de la incursión de una flotilla con destino a Gaza por la muerte de nueve activistas turcos muertos en dicha operación. Los jefes militares también serán acusados de fomentar la tortura y el saqueo de las pertenencias personales.

El incidente ocurrido entre el 30 y el 01 de junio de 2010, en el que soldados israelíes que intentaron impedir que una flotilla de activistas viole el bloqueo naval israelí en Gaza se vieron desbordados por 40 activistas a bordo del barco turco Mavi Marmara, quienes resistieron con cuchillos y barras de hierro. Nueve hombres turcos fueron asesinados a quemarropa y varios otros fueron heridos.

Turquía ya ha emitido órdenes de detención contra los cuatro líderes militares retirados, que ahora podrían ser arrestados si ingresan a Turquía.

Antiguos aliados, las relaciones entre Israel y Turquía, tensas por la ofensiva militar de Israel en Gaza en 2008, llegaron al límite a causa del incidente de la flotilla el 31 de mayo de 2010.

Revisar este artículo del The Jerusalem Post para conocer una opinión contraria sobre el incidente.

En el Informe del Encuentro de Ministros de Justicia y Procuradores Generales en asuntos legales realizado del 7-15 de mayo, se puede ver que entre otros temas se discutió en el punto XI la implementación de las decisiones de la Asablea de la Unión de Estados Africanos sobre Jurisdicción Universal y el progreso realizado en las discusiones con la Unión Europea y negociaciones al nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el documento se emitieron recomendaciones a los estados miembro, principalmente dirigidas a promover la participación de dichos estados respecto a aportes sobre el tema del ámbito y aplicación del Principio de Jurisdicción Universal en la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisando que los estados deberán, a través del Grupo Africano en Nueva York, poner de manifiesto las preocupaciones expresadas sobre la aplicación del principio de jurisdicción universal por parte de algunos Estados no africanos como se indica en las diversas decisiones de la Asamblea.

Asimismo, recomienda a los Estados de África utilizar el principio de reciprocidad para defenderse contra la aplicación abusiva del principio de jurisdicción universal. Finalmente, recomienda que la Comisión de la Unión Africana deberá enviar una comunicación oficial a la Comisión Europea, en nombre de la Asamblea, para transmitir las preocupaciones de la Unión Africana e implorar al Gobierno de España cumpla con la Ley respecto a las órdenes de arresto contra algunos dirigentes ruandeses  en base de la aplicación del principio de jurisdicción universal.

Puede checkearlo aquí.

El Tribunal de Gran Instancia de París abrió hoy una investigación judicial contra la compañía francesa Amesys, filial del grupo informático Bull, a raíz de una denuncia presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Liga de Derechos Humanos (LDH) en octubre pasado por complicidad en actos de tortura en Libia.

La querella de la FIDH y la LDH contra los que resulten responsables y sin identificar al supuesto responsable concreto, tiene en relación con la venta de un sistema de vigilancia de las comunicaciones por internet que permitió a Gadafi espiar a millones de libios entre 2008 y 2011, así como detener y torturar a numerosos ciudadanos. Y relacionan dicha venta con el anuncio de Sarkozy en el año de 2007 de la firma con el gobierno de Libia de una serie de contratos por un monto de unos 10.000 millones de euros en ámbitos como la defensa, el transporte y la energía.

Las fuentes de la querella se sustentan en la investigación realizada por periodistas del diario “The Wall Street Journal” que encontraron en el antiguo centro de vigilancia de las comunicaciones del régimen de Gadafi documentos y manuales en inglés del sistema de escuchas a gran escala de Amesys, filial del grupo informático Bull el cual vendió en 2007 un sistema de interceptación de comunicaciones, llamado Eagle, que permitió grabar, descodificar, almacenar y distribuir comunicaciones por internet, satélite o teléfono fijo y móvil.

Check noticia en lainformación.com

“Este es un caso emblemático por partida doble: en primer lugar, porque se trata de una empresa con un acuerdo comercial con un régimen dictatorial, dándole los medios para reforzar su ofensiva contra los población. Por otro lado, ayudará a arrojar luz sobre los graves crímenes cometidos bajo el régimen de Gadafi “, dijo Michel Tubiana Presidente Honorario de la LDH.

Check la nota de prensa en el sitio de la FIDH

Yendo al tema jurídico de la querella, aunque espero tener pronto el texto de la apertura del Tribunal, parece que los cargos son por complicidad para cometer tortura (según señala Le Monde), habiendo sido el acto de tortura cometido en el extrajero, cuya base legal sería la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pienso que de hallar buen puerto esta investigación sería un precedente muy importante sobre la responsabilidad penal de las empresas por complicidad en crímenes de lesa humanidad cometidos fuera del Estado donde se encuentran. O por lo menos las grandes corporaciones lo pensarán mejor a la hora de proveer servicios o implementos de alta tecnología y seguridad con gobiernos dictatoriales, sobretodo cuando es evidente que están siendo usados contra su población.

Canadá: Jurisdicción Civil Extraterritorial

18 May 2012 Jurisdicción Universal Civil

Recomiendo mucho este post de Bruce Broomhall (su perfil como profesor de la Universidad de Québec aquí) en el blog EJIL: Talk! en el que comenta con interesantes enlaces, tres decisiones de la Corte Suprema de Canadá y su impacto sobre como el derecho canadiense responde a las demandas de indemnización civil por violaciones a los derechos humanos ocurridas fuera o parcialmente fuera del territorio de dicho país.

A pesar que las decisiones fallan sobre cuestiones de derecho internacional privado clásico y no en derechos humanos o derecho internacional público, son importantes porque determinan la jurisdicción de las cortes de dicho país en casos con elementos transfronterizos.

En resumen la Corte identifica cuatro factores de conexión que plantean una presunción irrefutable de que el tribunal tiene jurisdicción sobre un determinado caso: que el demandado es (1) domiciliado o residente ahí (2) lleva negocios en el lugar del foro, o (3) el daño fue cometido e dicho lugar (4) existe un contrato en conexión con la disputa que fue realizado en el lugar del foro. Esta aproximación desarrolla el concepto de “conexión real y sustancial” requerido por las normas canadienses para ejercer jurisdicción y que había sido aplicado de manera irregular por las cortes de ese país. Según Broomhall, esta aproximación al test de “conexión real y sustancial” parece reducir el espacio para casos futuros de indemnización civil extraterritorial. Menciona brevemente dos casos referidos a violaciones de derechos humanos cometidas fuera del territorio canadiense: Bouzari (2004) y Kazemi (2011) que espero analizar con más calma y comentar pronto.

Un bonus: para una aproximación al tema de la Jurisdicción Universal Civil vale leer a Mauricio del Toro Huerta en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, en donde desarrolla el principio de jurisdicción universal en material civil y el derecho a la reparación civil por violaciones graves de derechos humanos. Se enfoca en la experiencia de los Estados Unidos a través de sus leyes especiales de indemnización civil por daños extracontractuales causados a terceros.

Discusión de la regulación de la JU en la Unión Africana

17 May 2012 Legislación

Según la nota de prensa de la Unión Africana se llevará a cabo un Encuentro de Expertos de Gobierno y Minitros de Justicia/Fiscales Generales que se llevará a acabo del 7 al 15 de mayo de 2012, durante el cual el Proyecto Modelo de la Ley de Jurisdicción Universal de la unión Africana será discutido. Las recomendaciones y los alcances finales serían remitidos para su consideración a la Asamblea de la unión Africana que se realizará en julio de 2012 en Lilongwe, Malawi.

PRESS RELEASE N°037/2012

Como documento adicional pego el discurso de apertura por el vicepresidente de la Comisión de la UA, que también se refiere al proyecto de ley modelo sobre la jurisdicción universal, y un “Estudio y Marco Conceptual de la Legislación Modelo”.

Ver el artículo completo en JURIST: http://jurist.org/paperchase/2012/05/malaysia-rights-group-finds-bush-and-associates-guilty-of-war-crimes-in-symbolic-trial.php

El pasado viernes, la Fundación Malasia Kuala Lumpur para Criminalizar la Guerra cuya sigla en inglés es KLFCW (The Malaysian Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War website) halló culpable al ex presidente de los Estados Unidos George W. Bush, ex vicepresidente Dick Cheney, ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, ex procurador General Alberto Gonzáles, y varios otros ex funcionarios de la administración Bush por tortura y crímenes de guerra.

El Tribunal escuchó a tres testigos que fueron detenidos en la Base de la Fuerza Aérea en Bagram en Afganistan o en Abu Ghraib en Irak, dos de los cuales fueron eventualmente transferidos a la Bahía de Guantánamo. Los juicios fueron presidios por el ex premier de Malasia Mahathir Mohamad, un crítico del conflicto en Irak desde su inicio, no tiene poder coercitivo alguno bajo el derecho nacional o internacional, pero el KLFCW expresó su confianza de que los testigos serán oídos por un Estado o entidad internacional capaz de ejercer jurisdicción sobre los hechos.

Como es de recordarse varias organizaciones y activistas por los derechos humanos han presentado denuncias ante jurisdicciones nacionales e internacionales contra funcionarios de los Estados Unidos y el Reino Unido alegando la comisión de crímenes internacionales en Afganistán e Irak, si bien es cierto muchas de estas iniciativas no han obtenido el éxito que desean sus promotores, al ser desechadas por los órganos jurisdiccionales ya sea por falta de jurisdicción como en Suiza, o por haber una investigación en el país de los hechos, como fue señalado en Alemania. Lo cierto es que en algunos países, como España sí se logró dar un trámite a una de estas denuncias contra funcionarios como John Yoo, Alberto Gonzales, Jay Bybee y otros principalmente por concluir en el memorándum legal del 1 de agosto de 2002 sobre el que se basaron las acciones de Bush en las guerras contra Al Qaeda y los talibanes.

 

Una Corte de Sudáfrica dictó una resolución este 8 de mayo en un caso denunciado por la Organización Southern Africa Litigation Centre (SALC) por la cual estableció que las autoridades sudafricanas deben investigar a funcionarios de Zimbabue por crímenes contra la humanidad cometidos en el 2007. El caso es el primero que ha sido iniciado bajo la regulación de la Ley de implementación de la Corte penal Internacional de Sudáfrica, que proporciona los mecanismos procesales para el cumplimiento de las obligaciones de Sudáfrica frente al Estatuto de Roma, las cuales habrían sido ignoradas por las autoridades jurisdiccionales de ese país en su rechazo inicial a investigar a los funcionarios del gobierno de Robert Mugabe, presuntamente responsables de los delitos que habrían sido cometidos antes de las violentas elecciones de 2008, conforme lo ha señalado la North Gauteng High Court de Pretoria en la decisión que puede leerse en el sitio web de dicha Corte.

Esta decisión aparte de dar esperanza de justicia a las víctimas de tortura en Zimbabue, también pone en marcha la aplicación de la jurisdicción universal para la persecución de crímenes internacionales en los países africanos sobre la base de la implementación de su normativa penal y procesal penal al Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Ver la nota de prensa del SALC aquí.

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Teniente General iraquí Abdolhossein Shemmari.
Fuente:
PMOI

Tal como lo informa ABC.es, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a otros dos militares iraquíes y a dos miembros de su Gobierno por un ataque militar al campo de refugiados iraníes de Ashraf el 28 de julio de 2009 -en el que murieron 11 personas- y los ha citado a declarar el próximo 31 de mayo.

Como se puede leer en Trial, el Campo Ashraf, situado en la ciudad iraquí de Ashraf es un campo de refugiados iraníes, bajo control iraquí desde el 1 de enero de 2009. Antes de esta fecha, el Campo Ashraf se encontraba bajo control de Estados Unidos quienes habían designado a los miembros de la Organización Mujahidin del Pueblo Iraní residentes del Campo Ashraf como personas protegidas bajo los Convenios de Ginebra, estatus que también había sido reconocido y apoyado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. El pasado quince de marzo el Ministerio iraquí de Justicia decidió cerrar una controvertida prisión en Bagdad después de las denuncias de violación de derechos humanos en el recinto penitenciario conocido como "Camp Ashraf".

De esta forma, el magistrado español ha admitido a trámite la ampliación de la querella presentada por dos particulares contra el teniente general del ejército iraquí Abdol Hossein Al Shemmari, al que acusan de once delitos de asesinato, 36 de detención ilegal, torturas y heridas graves causadas a unas 500 personas que resultaron heridas en el ataque. Según los querellantes, el ataque del ejército iraquí se produjo a partir de las 15:00 horas del 28 de julio de 2009 y hasta el día siguiente, y en él participaron unos 2.000 soldados bajo el mando del teniente general Hossein Al Shemmari. El ejército y la policía iban "equipados con blindados Humvee, palas mecánicas, armas de fuego, hachas, bastones metálicos y de madera, cadenas, gases pimienta y lacrimógenos, granadas sónicas, tanques lanza-agua y otros vehículos", y lanzaron un asalto contra los civiles desarmados residentes en el campo de Ashraf, "disparando indiscriminadamente".

Andreu, que se declaró competente para investigar estos hechos el pasado 27 de diciembre, después de pedir a Irak que le informase de si había investigado el ataque al campo de refugiados, y después de comunicada la respuesta llegada desde Bagdad a través del Ministerio de Exteriores, la que según el auto en el que admitió a trámite la querella, es que "ya ha iniciado una investigación" y que se comprometen a "encontrar una solución para los residentes del campo de Ashraf conforme al derecho internacional". El juez, sin embargo, consideró insatisfactoria la respuesta iraquí, ya que en ella "ni se informa sobre qué autoridad está llevando dicha investigación ni la fecha en que inició la misma, ni de las diligencias que se han podido practicar al respecto, ni del resultado, si es que este se ha producido".

Ahora, admitida la ampliación de la denuncia imputa ahora al presidente y director del comité gubernamental para el cierre de Ashraf, Ali al-Yaseri y Sadeq Mohammad Kazem, respectivamente, así como al teniente coronel Nezar y al teniente Haydar Azab Mashi. Cursa por ello una comisión rogatoria a las autoridades iraquíes para que comuniquen su resolución a los imputados y su citación el próximo día 31 de mayo, aunque, previsiblemente, no acudirán al Juzgado de Andreu, tal y como hizo Al Shemmari el pasado 8 de marzo, cuando estaba citado a declarar "en calidad de querellado".

En el auto en el que el juez admite a trámite la ampliación de la querella, al que ha tenido acceso EFE, también accede a la petición de los querellantes para tomar declaración como testigos al representante especial del secretario general de la ONU para la United Nations Assitance Mision for Irak (UNAMI), Ad Melkert, y a un funcionario de ese organismo, bien en su juzgado o en una sede de Naciones Unidas. "Procede la práctica de la prueba propuesta, al ser toda ella admisible y estar destinada a la averiguación de la naturaleza de los hechos denunciados", argumenta Andreu, que ha contado con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Más en: 

Iran Liberation, Iraqi officials summoned to Court for commission of alleged offences against residents of Camp Ashraf (Iraq)

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Aleksander Łukaszenko 2008-04-29
Fot. SERGEI GRITS ASSOCIATED PRESS

Hago eco de una noticia de ABC.es aparecida hoy:

“Londres, 9 mar (EFE).- Una firma legal británica especializada en derechos humanos prepara una acusación particular contra el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, por atropello de los derechos humanos, informa hoy el diario The Independent. Los investigadores han entrevistado a cientos de activistas detenidos tras las disputadas elecciones presidenciales del pasado diciembre y han llegado a la conclusión de que las torturas, los apaleamientos y otras prácticas inhumanas son moneda corriente en ese país.” (…)

Es importante recordar que el pasado 20 de diciembre Lukashenko salió elegido para su cuarto mandato en Bielorrusia, después de elecciones cuestionadas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que trajeron muchos disturbios que fueron reprimidos brutalmente, y fueron seguidos de detenciones arbitrarias contra los candidatos de la oposición.

“La firma británica especializada en derechos humanos H20 Law, que fue la primera en recurrir al sistema legal británico para actuar contra los activos financieros del IRA Auténtico, ha anunciado que actuará contra Lukashenko a menos que ponga en libertad a todos los presos políticos.

La firma legal representa en este caso a Free Belarus Now, grupo de presión creado por las familias de los políticos de la oposición, periodistas y activistas de derechos humanos detenidos por las autoridades bielorrusas.

"Creemos tener a nuestra disposición todos los ingredientes precisos para una acusación particular y una acción civil contra Alexander Lukashenko. Estamos preparados para actuar y las familias a las que representamos están igualmente decididas", afirma Jason McCue, de esa firma legal.” (…)

Los abogados de H20Law confían en que una acusación particular pueda derivar en una orden de arresto internacional contra el presidente y sus socios.

Lukashenko y muchos de sus secuaces están ya sujetos a una prohibición europea de viajar, pero una orden de arresto internacional cubriría los países de la UE con los que Londres ha firmado acuerdos de extradición.” (…)

La nota completa en: Abogados británicos preparan una acusación particular contra líder bielorruso.; y en The Independent: Lukashenko: the dictator in the dock 

Desde hace varios años Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones como Amnistía Internacional ya tenían bajo la lupa a Lukashenko, al respecto ver los Informes de HRW: Overlooking Chechen Terror, Belarus: Human Rights Concerns for the 61st Session of the U.N. Commission on Human Rights, "Essential Background – Belarus".

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Soy Ivonne Duymovich y en este blog informo y comento los casos de aplicación de la jurisdicción universal en el mundo.

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