Prefiero poner esta noticia en post aparte porque sino el Caso Israel va quedar enorme.

Pedro_Martinez

Fiscal Pedro Martínez
Fuente:
El País

Luego que el 29 de enero de este año el Juez de instrucción Fernando Andreu admitiera a trámite una demanda por crímenes contra la humanidad contra el ex ministro israelí de Defensa, Benjamin Ben Eliezer, y otros seis altos responsables militares israelíes; la fiscalía española pidió el “archivo provisional” de la demanda por crímenes contra la humanidad contra presuntos responsables israelíes de un bombardeo sobre Gaza, que en 2002 causó 15 muertos, y justificó su demanda en que ya está abierta una causa en Israel. La justicia española reconoce la jurisdicción universal para investigar genocidios y crímenes contra la humanidad, aún si fueron cometidos en el extranjero, pero siempre que éstos no sean o hayan sido objeto de un procedimiento judicial en su país.

A decir de La Rioja.com, el Fiscal Pedro Martínez da por cierto que la justicia israelí investiga los hechos. Mediante comisión rogatoria, las autoridades del país hebreo informaron de la existencia de tres investigaciones:

    una realizada por el fiscal general militar judío,
    otra por el fiscal general del Estado de Israel y
    una tercera revisión judicial por el Tribunal Supremo de aquel país.

Las dos pesquisas fiscales concluyeron que el uso de una bomba de una tonelada en una zona residencial de densa población respetó «los principios de distinción y proporcionalidad», criterio que se encuentra pendiente de revisión por el Supremo, que encargó una investigación. Reseñamos en la actualización de este post (30/03/2009), el cierre de la investigación de parte del Fiscal General Militar en tiempo récord, sólo 11 días.

En un escrito de 48 páginas el Ministerio Público considera que España no puede actuar como “una tercera instancia penal”, informaron fuentes fiscales. Según AFP, la fiscalía subrayó que piden el “archivo provisional de la causa sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer ante la Corte Penal internacional (CPI)” y “dejar sin efecto la competencia para el conocimiento de los hechos debido al carácter preferente de la jurisdicción del Estado donde se han cometido los hechos”. Es un compromiso “común de todos los Estados la persecución de tan atroces crímenes por afectar a la comunidad internacional, una elemental razonabilidad procesal y politico-criminal ha de otorgar prioridad a la jurisdicción del Estado donde el delito fue cometido”, argumentó.

Señala El País que el abogado Gonzalo Boyé, al tener conocimiento de la postura de la Fiscalía, señaló que esta “avala resoluciones del Tribunal Supremo de Israel que justifican la política de asesinatos selectivos y reniega de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional español en el caso del genocidio de Guatemala”; también anunció que su equipo contestará “en debida forma a cada argumento de Israel o de la Fiscalía española” y que ampliará la querella “hasta donde haga falta porque los muertos en Palestina se cuentan por millares”.

Como señalamos en anterior post, la ex jefe de la diplomacia israelí, Tzipi Livni, dijo a finales de enero haber recibido indicaciones de que el Gobierno español había “decidido lo antes posible” flexibilizar la ley española sobre la justicia universal “para impedir otros procesos de este tipo, incluso contra Israel”.

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